Baleares Impone 15 Años de Residencia para Acceder a la Mayor Promoción de Vivienda Pública en Mallorca

El mercado inmobiliario en las Islas Baleares, ya de por sí uno de los más tensionados de España, se enfrenta a una nueva dinámica con el anuncio de la mayor promoción de vivienda pública en Mallorca. Sin embargo, la noticia viene acompañada de un requisito controvertido: una exigencia de 15 años de residencia legal en el archipiélago para poder optar a una de estas nuevas viviendas. La iniciativa, impulsada por el Govern balear en colaboración con el Consell de Mallorca, contempla la construcción de 323 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en una parcela de más de 33.000 metros cuadrados adyacente al Velòdrom Illes Balears en Palma. La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, formalizaron el lunes la cesión gratuita de estos terrenos, valorados en 4,6 millones de euros, con una inversión inicial prevista de 3,4 millones de euros para el proyecto.

La medida de los 15 años de residencia ha generado un considerable malestar entre diversas organizaciones ciudadanas y sociales, que la tachan de 'discriminatoria e ineficaz'. Esta política sigue la línea de la implementada en Canarias, donde se exigen 12 años de permanencia para acceder a vivienda social, provocando críticas similares. El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha defendido la necesidad de este filtro en un contexto de precios de compraventa y alquiler disparados, agravados por la constante compra de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros. Aunque se ha declarado como proyecto residencial estratégico para agilizar su tramitación a aproximadamente un año y medio (frente a los diez habituales), la entrega de estas viviendas no se espera hasta la próxima legislatura. Antes del inicio de las obras, será necesaria la urbanización del terreno y se prevé un concurso de ideas para el diseño. Estas 323 unidades forman parte del ambicioso plan del Govern de impulsar cerca de 1.200 viviendas públicas a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Para quienes buscan un hogar en Mallorca, esta normativa significa una barrera adicional. Residentes que trabajan y contribuyen a la economía local pero no cumplen con el prolongado requisito de antigüedad se verán excluidos, exacerbando la dificultad de acceso a una vivienda asequible. El conseller Mateo explicó que, además de las VPO, el convenio incluye la cesión de 35 viviendas protegidas para uso social, un local para grupos musicales y un solar para equipamientos insulares, buscando ofrecer soluciones más allá de la mera construcción. Este panorama subraya la urgencia de encontrar equilibrios entre la protección de residentes y la dinamización del mercado inmobiliario en una de las regiones más atractivas de España.